De la Rúa, Fernando s/recurso de casación
Causa N° 14.278 -
Cámara Federal de Casación Penal Sala I
Registro nº 20.570
En la ciudad de Buenos Aires,
Capital Federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de diciembre
de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada
por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Luis María Cabral
y Eduardo Rafael Riggi como Vocales, a los efectos de resolver los recursos de
casación interpuestos por las querellas y el Fiscal General en esta causa N°
14.278, caratulada: “De la Rúa, Fernando y otros s/recurso de casación”, de
cuyas constancias RESULTA:
1°) Que la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la causa n°
29.376 de su registro, resolvió confirmar el auto de primera instancia que
sobreseyó a Fernando de la Rúa en orden a los hechos por los que fue indagado
(fs. 10548/10564).
Contra esa resolución
interpusieron recurso de casación el Sr. Fiscal General, el Dr. Rodrigo Diego Borda
apoderado de las querellantes María Nieves Marino y María Mercedes Arena y el
Dr. Rodolfo N. Yanzón, apoderado de Martín Esteban Galli, Paula Simonetti,
Leonardo Esteban de Rocha Ferreira, Susana Slamovits, Ricardo González, Ángel
Fabián Cocca, Sergio Rubén Sánchez, Sandra Inés Santos, Ana María Juárez,
Claudia Paulina Aguilera Farías, Oscar Rubén Chara, Julio Marcelo Talavera,
Valeria Cook, Paulo Diego Córdoba, Mariano Gabriel Rodríguez, Diego Horacio
Sulkes, Mónica Isabel Romero y Fernando Javier Rico. Asimismo impugnaron el
sobreseimiento los apoderados de la querellante Marta Almirón, Dres. Daniel
Adalberto Stragá y María del Carmen Verdú.
La Cámara Federal declaró
admisibles y concedió los recursos únicamente respecto de los agravios
vinculados con la interpretación de la ley (art. 456, inc. 1° del C.P.P.N.) y
los declaró inadmisibles en lo que se refiere a los agravios referidos a la
falta de motivación suficiente o arbitrariedad de la resolución (art. 456, inc.
2° del C.P.P.N.) - (fs. 10.636/10637).
Esas denegatorias parciales
motivaron la interposición de las quejas que tramitaron bajo los números 14.231
y 14.251 que con fecha 20 de abril de 2012 fueron declaradas inadmisibles por
esta cámara (registros nros. 19.427 y 19428).
Ante esta Cámara sólo se
presentaron a mantener el recurso el Dr. Borda, abogado del CELS (fs. 10.665) y
el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler (fs.
10.662)
2°) Que a continuación habrán de
sintetizarse únicamente los agravios concedidos y que, consecuentemente,
habilitarían la intervención de esta cámara.
Recurso de casación del Sr.
Fiscal General.
Sostuvo que tanto el art. 23,
cuanto el artículo 99, inciso 16 ambos de la Constitución Nacional permiten al
Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio, pero no es una facultad
exclusiva, sino que existen límites precisos frente a esa potestad. Además
destacó que la declaración debe contar con acuerdo del Senado y que “en caso de
conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso,
porque es atribución que corresponde a ese cuerpo”.
Agregó que de acuerdo con lo
establecido en el art. 75, inc. 22 de la Constitución es inherente al Poder
Legislativo “Declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la nación en
caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado,
durante su receso, por el Poder Ejecutivo”. Por ello concluye que aun frente a
hechos graves que puedan calificarse como conmoción interior, el Presidente
solo puede dictar (y sujeto a convalidación) el estado de excepción si el
Congreso se encuentra en receso.
Indicó que la excepción a la
regla se da cuando el Congreso se encuentra en receso y le impone al presidente
el deber de velar por la seguridad y salvaguarda de las garantías y derechos
que el estado de sitio no puede suspender. En ese sentido citó el art. 27 de la
Convención Americana sobre derechos humanos que establece que la suspensión de
garantías no abarca el derecho a la vida ni a la integridad personal, ni las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos;
imponiendo, además, la obligación al Estado Argentino de comunicar a los demás
Estados miembros por vía del Secretario General de la OEA las disposiciones
suspendidas. La misma limitación contiene el art. 4 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Sostuvo que el carácter
unipersonal que reviste el Poder Ejecutivo, no diluye la responsabilidad del
Presidente en virtud de la existencia de funcionarios que dependan directamente
de él y que por él son instalados en los respectivos cargos; ni habilita la
asignación de funciones a los respectivos funcionarios mediante ley, la
inobservancia del control de las tareas ejecutadas por los subordinados durante
la instauración del estado de sitio.
Consideró que el Presidente debió
avocarse especialmente al control de las fuerzas de seguridad y de los propios
funcionarios subordinados por él nombrados, frente a la gravedad de los
acontecimientos; máxime cuando ocurrieron a metros del propio despacho
presidencial y estaban destinados a resaltar una marcada oposición de los
manifestantes hacia el gobierno del ex presidente.
Indicó que la alegada ausencia de
carriles de comunicación y la invocada ignorancia de los hechos ponen de
manifiesto un desprecio por los derechos constitucionales amparados en pos de
lograr mantenerse en la presidencia de la Nación; y que el volumen de las
manifestaciones espontáneas por parte de la ciudadanía durante esa noche y la
madrugada del 20 de diciembre, denominados como “cacerolazos”, le imponían,
cuanto menos, indagar sobre el desarrollo de las mismas y el consiguiente
despliegue policial.
Dijo que Fernando de la Rúa,
autor de la instauración del estado de sitio, debía, ante la excepcionalidad
que implica esa medida, controlar a sus subalternos (Mestre, Mathov, Santos,
etc.) estableciendo, al efecto, los mecanismos necesarios para mantener una
actuación por parte de las fuerzas de seguridad conforme al estado de derecho,
aun frente a la situación de excepción, conforme los pactos internacionales ya señalados;
y que nada se dijo en la decisión sobre la inaplicabilidad de los tipos penales
en los que se encuadran los acontecimientos pesquisados (arts. 84 y 94 del
C.P.).
Expresó que tanto los homicidios
culposos como las lesiones culposas se dejaron de lado en virtud del principio
de confianza, y que de la Rúa omitió truncar el abusivo y evidente accionar de
sus subalternos. En ese sentido puntualizó que el imputado se encontraba en
posición de garante no solo por encarnar el Poder Ejecutivo, sino por
habilitar, decreto mediante, el estado de excepción a las garantías
constitucionales que representa un estado de sitio.
Señaló que “no se discute si
estaba habilitado para la implementación” del estado de sitio “o la utilización
de dicha herramienta”, sino que el centro de la imputación se dirige a la
inacción del ex presidente frente al conocimiento del desarrollo de los
acontecimientos por no implementar medidas que redirigieran a la legalidad el
accionar de sus dependientes, evitando en consecuencia, los resultados muertes
y lesiones que se le reprochan.
Concluyó que de la Rúa conocía
las acciones de la fuerza (a través de diferentes medios periodísticos, SIDE, etc.)
o debía conocer (por la gravedad de la medida adoptada y la falta de
instauración de carriles de comunicación) y tenía todo el poder para evitarlo y
no lo hizo. Agregó que el ex presidente resultaba garante en última instancia
en el estado de excepción instaurado. Afirmó que el principio de confianza
basado en la distribución de roles señalados por el voto de la mayoría, quedaba
alterado mediante el especial deber que le cabía al ex presidente, al observar
que su equipo había comenzado a actuar fuera de los límites aprobados por las
leyes y los reglamentos aplicables.
Citó a Stratenwerth, autor en que
se basó la construcción dogmática de la cámara, en cuanto señaló que el supuesto
de confianza cede como principio cuando el otro ha dado evidencias de un actuar
dirigido a la ilicitud; y sostuvo que el imputado inobservó los deberes de
vigilancia ante una acreditada situación de riesgo instaurada por el estado de
sitio e incrementada por el operativo de represión inapropiado, advirtiendo o
pudiendo advertir la inconducta de sus subalternos a quienes debía supervisar
como garante de la situación y en quienes ya no podía confiar que ajustaran sus
conductas a derecho.
Expresó que aun situados ex ante
los acontecimientos que llevaran al resultado muerte y lesiones de las víctimas
de la represión policial se encuentran conectados con el aumento de riesgo
efectuado por el imputado (estado de excepción y operativo de control de las
manifestaciones ciudadanas sin la debida preparación) creando una situación de peligro
para los bienes jurídicos vida e integridad personal, reconducibles al
principio reconocido en el derecho internacional como “dignidad humana”.
Recurso de casación de los
querellantes representados por el Dr. Diego Borda y por el Dr. Rodolfo N. Yanzón.
Sostuvo que en el marco de un
operativo policial represivo de la magnitud del que tuvo lugar los días 19 y 20
de diciembre de 2001 en las zonas de Plaza de Mayo, el Congreso
de la Nación y las vías de
comunicación entre ambos sitios, no rigieron –ni podían regir- las reglas de la
vida cotidiana. Por consiguiente, sostiene que la simple invocación de las
facultades que la Constitución Nacional le confiere al presidente en situaciones
de normalidad, no resulta idónea para evaluar legalmente su actuación en el
marco de un estado de sitio.
Indicó que la resolución
cuestionada dejó de lado, como dato central que determinaba el deber de cuidado
y la ilicitud de las acciones y omisiones del entonces titular del Poder
Ejecutivo Nacional, la situación de excepción en la que se llevó a cabo el
operativo policial de represión de una pacífica protesta ciudadana.
Afirmó que el temperamento
desincriminante de la mayoría de la cámara de apelaciones viola lo dispuesto en
los arts. 84 y 94 del C.P. por no determinar en forma correcta los deberes de
cuidado atribuibles al ex presidente cuyo incumplimiento produjo los resultados
lesivos que damnificaron a sus representados.
También sostuvo que la resolución
en crisis colisiona abiertamente con la normativa constitucional que establece
los deberes y responsabilidades del Presidente de la Nación en el marco de una
situación de estado de sitio (art. 23 de la C.N.); sostuvo que tiene la
facultad privativa para detener personas y trasladarlas, pero no puede
delegarla en la Policía Federal pues carece esta institución de facultades para
detener y poner a disposición del PEN –por sí- a cualquier ciudadano.
Remarcó, que aun de aceptarse una
postura más flexible que implique una cierta delegación del presidente en
funcionarios subalternos, como el secretario de seguridad oel jefe de la Policía Federal,
debió haber controlado o revisado lo actuado por esa fuerza.
Entendió que, a contrario de lo
postulado en la resolución cuestionada, el ex Presidente tenía una posición de
garante con relación a la corrección del accionar policial.
En ese sentido citó el voto del
juez Cattani en el que se estableció que “pesaban sobre el imputado deberes de
vigilancia, control o supervisión que no cumplió. Con estas obligaciones se limita
la posibilidad de confiar porque el sujeto no puede esperar a que se presenten
en el caso concreto circunstancias que hagan pensar que el tercero se va a
comportar incorrectamente, sino que ha de comprobar positivamente que no haya
determinados aspectos que pueden dar lugar a la conducta incorrecta del
tercero”.
Como segundo agravio planteó que
el Poder Ejecutivo Nacional no era competente para dictar el estado de sitio.
Consideró que los jueces Irurzun
y Farah realizaron una incorrecta interpretación de las normas constitucionales
en juego ya que el operativo de represión montado fue ilegítimo porque se
desarrolló en el marco de un estado de sitio que fue dictado por de la Rúa sin
darle intervención al Congreso Nacional, conforme lo exigen los arts. 23, 75
inc. 29 y 99, inc. 16, de la Constitución Nacional.
Por consiguiente, sostiene que al
haber obviado la competencia que por regla la Constitución atribuye al Congreso,
asumió la responsabilidad que dicha decisión –la suspensión de garantías
constitucionales- traía aparejada. Así las cosas, el imputado se habría
transformado en garante por el riesgo creado por su propio comportamiento
ilícito –arrogarse facultades del Congreso- o por decidir excepcionar la regla Constitucional
que obliga al examen parlamentario previo al dictado del estado de sitio.
Sostuvo que el decreto 1678/01
que dispuso el estado de sitio en todo el país es inconstitucional y, por ende,
debe colegirse que lo actuado en ese marco también lo fue; y que esa situación
anómala reforzó los deberes de contralor y vigilancia del ex presidente. Señaló
que, tanto el art. 75 inc. 29, como el art. 99 inc. 16 de la Carta Magna
establecen que en caso de supuesta “conmoción interior”, sólo podrá el
Presidente de la Nación dictar el Estado de Sitio cuando el Congreso se encuentre
“en receso”, entendido como período de vacaciones del cuerpo legislativo.
Indicó que nadie puede discutir que el mismo día del dictado del Estado de
Sitio el Congreso estaba sesionando.
Recurso de casación de los Dres.
Daniel Adalberto Stragá y María del Carmen Verdú, apoderados de la querellante
Marta Almirón.
Esta querella adhirió a los fundamentos
del recurso de casación del Dr. Yanzón y concluyó –en lo aquí pertinente- que
bajo ningún concepto las fuerzas de seguridad actuaron por su cuenta,
independientemente del poder político en circunstancias como las que se vivían
en diciembre de 2001; y que la jurisprudencia que sienta la mayoría de la
cámara federal tiene gravísimas derivaciones constitucionales pues implica que
el presidente que dispone el estado de sitio no tiene ningún tipo de
responsabilidad sobre las barbaridades que pueden llevar a cabo sus subalternos
y, por consiguiente, sería como si se resolviera un bill de indemnidad para
quien, como determinante de medida excepcional, no le corresponde ningún tipo
de obligación institucional.
En definitiva sostuvo que de la
Rúa es responsable por los hechos de autos pues los restantes procesados eran
sus subordinados, situación que, lejos de decretar su irresponsabilidad
absoluta, la incrementa; ello por cuanto habría habido un plan común que era
desalojar la plaza de Mayo, generar condiciones para “intentar la salida
conciliada” con la oposición, y de la Rúa fue parte central y jerárquica de ese
plan.
3°) Que en la oportunidad
prevista por el art. 466 del C.P.P.N. se presentaron, en primer término, los apoderados
de la querella, Dres. Rodrigo Diego Borda y Rodolfo N. Yanzón (fs.
10.692/10.701). Insistieron en que el estado de sitio imperante en la jornada
del 20 de diciembre de 2001 indudablemente resultaba un dato central que
determinaba el deber de cuidado y la ilicitud de las acciones y omisiones del
entonces titular del PEN. Agregaron que el estado de sitio incrementa las facultades
del Presidente y también su responsabilidad por el ejercicio de esas facultades
que le concede la C.N. sólo a él.
Sobre esa base señalaron que el
hecho investigado en autos no fue un operativo policial normal o de rutina que
se llevó a cabo en esa jornada luctuosa, sino que fue especialmente dispuesto
para la ocasión en el marco del estado de sitio imperante. En ese orden de ideas
sostuvieron que se equivoca el a quo al obviar en su análisis de la
responsabilidad de de la Rúa, las particulares circunstancias del estado de excepción
y del operativo de represión que se montó. Indicaron que el operativo montado
significó el incremento del riesgo normal para las personas y cosas que
acrecentaba el deber de los funcionarios encargados de controlar la actuación
de las fuerzas de seguridad en el marco del estado de sitio.
En consecuencia, sostuvieron que
el temperamento desincriminatorio de la mayoría de la cámara federal viola lo
dispuesto en los arts. 84 y 94 del C.P. por no determinar en forma correcta los
deberes de cuidado atribuibles al ex presidente.
Más adelante sostuvieron que la
facultad de arrestar prevista en el art. 23 de la C.N. corresponde específica y
privativamente al Presidente de la Nación y sólo está habilitado para ejercerla
con referencia a sujetos individualmente identificados (con cita del fallo
“Merino” de la C.S.J.N.).
Citaron el voto del juez Cattani
en cuanto sostuvo que pesaban sobre el imputado deberes de vigilancia, control
o supervisión que no cumplió. Con estas obligaciones se limita la posibilidad de
confiar porque el sujeto no puede esperar a que se presenten en el caso
concreto circunstancias que hagan pensar que el tercero se va a comportar
incorrectamente, sino que ha de comprobar positivamente que no haya
determinados aspectos que pueden dar lugar a la conducta incorrecta de
terceros.
Reiteraron que es evidente que el
ex Presidente tenía una posición de garante con relación a la corrección del accionar policial y, en esas
condiciones, el deber de contralor que la situación de excepción ponía en su
cabeza no se limitaba a disponer la remoción del jefe de gabinete o de algunos
de sus ministros, sino que su obligación era hacer cesar la represión brutal e
indiscriminada de la PFA que detenía personas a disposición del PEN ejerciendo
facultades que la Constitución atribuye exclusivamente al Presidente.
Dijeron que, a su entender, el
Poder Ejecutivo Nacional no era competente para dictar el estado de sitio; y
que el operativo de represión fue ilegítimo porque se desarrolló en el marco de
un estado de sitio que fue dictado por de la Rúa sin darle la intervención al
Congreso de la Nación que reclaman los arts. 23, 75, inc. 29 y 99, inc. 16 de
la C.N.
Así las cosas expresaron que el
decreto 1678/01 es inconstitucional porque el PEN no era autoridad competente
para el dictado del estado de sitio y como consecuencia de ello expresaron que
si la orden de reprimir y detener a los manifestantes durante las jornadas del
19 y 20 de diciembre de 2001 presupone un estado de excepción válido, la orden
es ilícita pues el decreto 1678/01 también lo es.
En ese sentido indicaron que el
PEN en caso de conmoción interior sólo tiene la facultad de declarar el estado de
sitio cuando el Congreso esté en receso; y que se debe prestar atención al
análisis semántico de la palabra “receso” a fin de determinar su significado.
Citaron el diccionario de la Real Academia Española según el cual “receso” –en
su segunda acepción americanista- significa “vacación, suspensión temporal de actividad
en los cuerpos colegiados, asambleas, etc.- y en su tercera acepción “tiempo
que dura esta suspensión de actividades”.
Desde esa definición sostuvieron
que la norma constitucional al referirse a “receso” del Congreso se refiere al
período de vacaciones, el que justamente por el espíritu de los constituyentes
de 1994 de limitar el presidencialismo, fue acotado considerablemente; y que,
más allá de si el Congreso Nacional estaba en sesiones ordinarias o extraordinarias,
nadie puede discutir que el día del dictado del estado de sitio, el Congreso
estaba sesionando y, por tal razón, debía ser el organismo competente para
declarar el Estado de Sitio.
Indicaron, entonces, que al haber
suplantado al órgano encargado de dictarlo, ello lo transforma indudablemente
en garante de los riesgos que la responsabilidad asumida ilícitamente generaba;
y que, en consecuencia, debe responder penalmente por no haber controlado en
forma diligente esos riesgos inherentes a la decisión que adoptó en desmedro de
las facultades del Congreso de la Nación.
También durante el término de
oficina se presentó el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler (fs. 10.709/10.715
vta.).
Reiteró el cuestionamiento
efectuado en el recurso de casación a la declaración de estado de sitio por
parte del ex presidente de la Rúa y afirmó que su decisión en ese sentido le
imponía el deber de velar por la seguridad y salvaguarda de aquellas garantías
y derechos que el estado de sitio no puede suspender. Expresó que el carácter
unipersonal que reviste el PEN no diluye la responsabilidad del Presidente en
virtud de la existencia de funcionarios que dependen directamente de él y que por
él son instalados en los respectivos cargos; ni habilita la asignación de
funciones a ellos mediante ley, ni la inobservancia del control de las tareas
ejecutadas por los subordinados durante la instauración del estado de sitio.
Adunó que, precisamente en función de la gravedad de los acontecimientos que
habilitan su dictado y el carácter extremo de la medida, debió velar por que las
consecuencias de su instauración no conllevaran el avasallamiento de los
derechos inalienables, como son la vida y la integridad física de los ciudadanos.
Más adelante sostuvo que resulta inadmisible
sostener que Fernando de la Rúa no conocía los acontecimientos que sucedieron
luego de las 22.41 hs del 19 de diciembre de 2001 en que anunció por cadena
nacional el estado de sitio.
En cuanto a los homicidios y
lesiones culposas (arts. 84 y 94 del C.P.) sostuvo que el imputado no podía ampararse
en el principio de confianza ante las acreditadas constancias del conocimiento
de la desviación en la actuación de sus subordinados. Agregó que el centro de la
imputación se dirige a la inacción del ex presidente frente al conocimiento del
desarrollo de los acontecimientos, por no implementar medidas que redirijan a
la legalidad el accionar de sus dependientes, evitando en consecuencia los
resultados muertes y lesiones que se le reprochan.
En la misma oportunidad procesal
se presentó la defensa de Fernando de la Rúa, ejercida por los doctores Miguel Ángel
Almeyra y Zenón Ceballos (fs. 10.702/10708 vta.).
Sostuvieron que se debe tener
presente que el tribunal a quo limitó la concesión de los recursos a los
agravios vinculados con la interpretación de la ley (art. 456, inc. 1°, del
C.P.P.N.) y dejó expresamente excluidos los agravios que señalan que en la resolución
se ha incurrido en arbitrariedad o falta de motivación suficiente (art. 456,
inc. 2°, del C.P.P.N.). Aclararon que los recursos se refieren íntegramente a
cuestiones de hecho o prueba, tal el caso de si el imputado participó o no
podía ser ajeno a la implementación de un plan de acción policial para impedir manifestaciones
y en especial el acceso a Plaza de Mayo y a la Casa de Gobierno; que conocía o
debía conocer lo que ocurría durante esa jornada en la Plaza y sus zonas
aledañas y que, sabiéndolo, omitió actuar para impedirlo; que es absurdo
sostener que no dio directivas al respecto para evitar las manifestaciones o
despejar la Plaza y que por ejercer la más alta función política, es
responsable penalmente de lo ocurrido, en virtud de su injerencia en la
planificación de las acciones y su conocimiento del curso de los sucesos.
En ese sentido indicaron los
defensores que todos esos hechos fueron excluidos por el tribunal a quo y que los
recurrentes pretenden alterarlos para justificar sus planteos, lo que los torna
inadmisibles.
Analizaron luego los fundamentos
que llevaron al juez Cattani para descartar la aplicación al caso de de la Rúa
del principio de confianza y sostuvo que los acontecimientos del 20 de
diciembre de 2001 excedieron los parámetros normales sobre los cuales es
aplicable el principio de confianza, por lo que al presentarse la jornada tan conflictiva, los resultados
dañosos eran, en ese marco, previsibles para el imputado.
Expresaron que el ex presidente,
por haber dictado el decreto que implantó el estado de sitio, tenía mayor responsabilidad
y debió conocer o presumir los acontecimientos.
Señaló que la cámara federal de
apelaciones le restó significación al dictado del estado de sitio para deducir
o suponer en el ex presidente injerencia en la acción o conocimiento de lo
sucedido. Destacó respecto de esa medida que el Congreso no estaba en sesiones
ordinarias sino extraordinarias (limitadas a los temas de la convocatoria) y
que la validez del decreto que lo ordena ya fue planteada y concluida en esta
misma causa y no es materia de consideración actual.
De seguido indicaron que vincular
ese decreto con lo que ocurrió después constituye una interpretación dogmática
y voluntarista; que el estado de sitio no establece restricciones automáticas;
que por ningún acto o decisión gubernamental se prohibieron manifestaciones o
se limitaron otros derechos; que las facultades del presidente respecto a las personas
se limitan a su arresto y traslado; que nadie puede afirmar que el decreto del
estado de sitio significaba por sí la promoción o autorización de un accionar
policial excesivo, o el desalojo de la Plaza de Mayo; que los motivos de su
dictado fueron explicados pues medió el pedido de los gobernadores de establecerlo
como expresión de respaldo nacional ante los problemas surgidos en las
provincias, sin que se haya dictado
disposición alguna de
implementación de cualquier medida derivada; y que el cuidado y preservación
del orden público como deber policial opera con independencia de él y aun de
las instrucciones del Ministerio del Interior en el que, por aquél entonces,
estaba delegada la política de seguridad según una larga tradición
institucional en la república.
Por consiguiente sostuvieron que
vincular ese decreto con lo que ocurrió después constituye una interpretación
dogmática y voluntarista y, como tal, jurídicamente inaceptable.
En otro orden de ideas indicaron
que la cita que efectuaron los querellantes del voto del Dr. Cattani en cuanto a
que de la Rúa estaba al tanto de la situación de conmoción interior y de los
acontecimientos violentos que se venían sucediendo, no tiene trascendencia para
la solución del caso pues se refiere a una opinión minoritaria que importa una
conclusión fáctica que no forma parte del fallo y, por ello, está fuera del recurso.
Agregaron que conforme surge del
primer auto de esta causa (fs. 1), fue la jueza interviniente, Dra. María R. Servini
de Cubría, quien al promediar la mañana del 20 de diciembre, dispuso el
desalojo de la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno y quien ordenó que la
gente se ubicara más allá de la Pirámide. También sostuvieron que esa
magistrada se lo comunicó al Ministro de Justicia y lo acataron los
funcionarios de seguridad. De ello concluyeron que fue una orden judicial y no
una disposición política del gobierno; y que aun de dejarse de lado esa orden
judicial, las medidas policiales no respondieron a un plan prefijado por el
gobierno ni por el presidente.
En otro orden de ideas señalaron
los defensores que las argumentaciones efectuadas por las querellas respecto de
las detenciones practicadas por la autoridad policial han sido objeto de otra
causa, cuyo sobreseimiento se encuentra firme.
Respecto al planteo referido a
que de la Rúa se encontraba en una posición de garante sostuvieron que el ex presidente
no estuvo al frente de las operaciones, ni las ordenó, ni las condujo, ni tuvo
conocimiento de los hechos, y la revisión de esas cuestiones fue declarada
expresamente inadmisible por la cámara de “a quo”.
Al finalizar solicitaron que se
declare inadmisible el recurso de casación de los Dres. Stragá y Verdú por
carecer de fundamentación autónoma.
Por último debe mencionarse que
se presentó en calidad de “amicus curiae” el abogado y sociólogo Roberto Gargarella
(cfr. fs. 10.733/10.738).
4°) Que a la audiencia prevista
en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación concurrieron una de las
querellas (C.E.L.S.) y la defensa del Dr. Fernando de la Rúa.
El representante de la querella,
Dr. Borda, dijo que la resolución recurrida incurrió en la errónea determinación
jurídica del contenido del deber de cuidado en el contexto del estado de sitio.
Sostuvo que se inobservaron los arts. 84 y 94 del C.P. y la normativa
constitucional que define los deberes del presidente durante el estado de
sitio. Criticó las conclusiones del sobreseimiento en cuanto se indicó que las obligaciones
operativas recaían sobre Mathov y Mestre, con invocación de la ley de
ministerios y de seguridad interior y que el estado de sito no modificaba esa
cadena de responsabilidades.
Indicó que, por el contrario de
lo resuelto, el estado de sitio generaba mayores responsabilidades de control; obligaciones
especiales inherentes a la decisión de suspender los derechos de los
ciudadanos. Agregó que se usó un doble estandar de valoración jurídica que se
refiere a reconocer que con 20 respecto a Mathov el estado de sitio le
implicaba especiales deberes de control sobre la policía, pero ello no se
aplicó al presidente.
También expresó que la cámara de
apelaciones dijo que de la Rúa no tuvo ingerencia en la decisión de Santos respecto
de las detenciones –que fueron el primer detonante de lo que sucedió en la
plaza-, pese a que no es facultad de la Policía Federal la de detener personas
durante el estado de sitio, sino que es exclusiva del presidente; y que aún de
aceptarse que de la Rúa podía delegar tácitamente la facultad de detener
personas, ello no puede implicar que no tuviera obligación de controlar lo actuado
por la policía.
Citó a Sanchez Viamonte en cuanto
sostiene que la Constitución Nacional establece que el presidente tiene facultadas
de detener y no el Poder Ejecutivo Nacional; y concluyó que debe descartarse la
posiblidad de que opere respecto del Dr. de la Rúa el principio de confianza
pues, según indica Zaffaroni, en casos como este no existe la posibilidad de
confiar en los subalternos.
Respecto del segundo agravio dijo
que el presidente no era la autoridad competente para dictar el estado de sitio
pues éste era resorte exclusivo del Congreso de la Nación en los casos de
conmoción interior. De tal manera el ex presidente se habría arrogado
facultades que no tenía, lo cual reforzó, aún más, los deberes de contralor y
vigilancia que pesaban sobre él; es decir que se reforzó su posición de
garante.
Se remitió al voto del Dr.
Cattani en el que se indicó que Fernando de la Rúa debe responder por el riesgo
creado por sus propias decisiones, es decir, por el dictado del estado de sitio
y por el intento de frenar las manifiestaciones.
Solicitó, en definitiva, que se
haga lugar al Recurso de casación y se case la sentencia. Dejó planteada la reserva
del caso federal.
Por su parte, el Dr. Miguel Ángel
Almeyra por la defensa del Dr. Fernando de la Rúa, en la oportunidad de hacer uso
de la palabra durante la audiencia, cuestionó la admisibilidad del recurso de
la querella pues sostuvo que bajo el pretexto de corregir errores de iuris se
entremezclan cuestiones de hecho y prueba.
En ese sentido indicó que el
agravio que se refiere a la errónea aplicación de los delitos de homicidio culposo
y lesiones culposas se sustenta en afirmaciones que nada tiene que ver con la
aplicación técnica de la cuestión.
Citó el fallo “Robles, Fernando y
otros s/recurso de casación” de la Sala II de esta Cámara de fecha 13/10/10 en
sustento de la posibilidad de analizar la admisibilidad de los recursos de la
contraparte en esta etapa del trámite del recurso.
Agregó que la teoría del máximo
rendimiento que emerge del fallo Casal sólo opera en beneficio del imputado pues
la revisión amplia que allí se ordena no se traslada a los
recursos de los acusadores.
Indicó que la discusión en torno
a si el presidente conocía o debía conocer los excesos de sus subalternos, que
se difundieron por los medios de comunicación recién a las 16 horas del día 20
de diciembre de 2001, es una cuestión de hecho.
Respecto del cuestionamiento a la
manera en que se dictó el estado de sitio sostuvo que a la fecha de comisión de
los hechos el Congreso se hallaba limitado en su actuación pues estaba llamado
a cesiones extraordinarias. Adunó que ha sido costumbre en nuestro país que
estando el Congreso en sesiones extraordinarias, lo dictaba el Poder Ejecutivo.
Y así lo hizo de la Rúa frente al reclamo, sobre todo, de la provincia de
Buenos Aires.
Indicó que la sentencia recurrida
es una pieza sólida e inatacable en su estructura motivacional como fundacional,
tanto en lo que se refiere a la fijación de los hechos como al análisis del
derecho aplicable.
Hizo referencia a la ley de
seguridad interior (arts. 8 y 17) en relación a la limitación de responsabilidad
política de los intervinientes en los hechos; y sostuvo que el estado de sitio
no potenció el deber de cuidado de su asistido pues estaba legitimado para
pensar que los demás iban a actuar debidamente en razón del principio de
confianza.
Afirmó que el Dr. de la Rúa
estaba tratando de salvar la vigencia de la investidura presidencial; y más
adelante citó a Jacobs en cuanto sostiene que en situaciones de excepción se
amplía el principio de confianza, cuando, como en este caso, hay conmoción
interior.
De seguido indicó que los
homicidios y lesiones materia de esta causa son hechos dolosos que generaron responsabilidad
culposa y que no es posible llevar ad infinitum el control del deber de cuidado
en un ámbito jerárquico.
Para finalizar su exposición
efectuó una crítica del voto del Dr. Cattani y planteó la violación a la
garantía del plazo razonable con invocación del
fallo“Mattei” de la CSJN.
Ambas partes presentaron breves
notas. De seguido, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).
Los doctores Luis María Cabral,
Raúl R. Madueño y Eduardo Rafael Riggi dijeron:
I. Habremos de comenzar señalando
que conforme surge de la cédula obrante a fs. 10.614, los apoderados de una de
las querellas, los doctores Daniel Adalberto Stragá y María del Carmen Verdú, fueron
debidamente notificados del auto de fs. 10.660 el día 29 de marzo de 2011. Sin
embargo, esa parte no se presentó a mantener su recurso ante esta instancia
(arts. 464, segundo párrafo y 465, primer párrafo, ambos del C.P.P.N.).
Es por ello que corresponde
declarar desierto el recurso de casación de esta querella, con costas.
II. Se ha imputado en autos al ex
Presidente de la Nación, Dr. Fernando de la Rúa, los homicidios y lesiones culposas
producidos el 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, en las inmediaciones
de la Casa Rosada.
El ex presidente fue sobreseído
tanto en primera como en segunda instancia por esos hechos. Los fundamentos
desincriminatorios desarrollados por el juez federal y que confirmó la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal son varios. En
primer término, sostuvo el tribunal de alzada que normativamente no existía en
cabeza de de La Rúa una posición de garante con relación a la forma imprudente en
que se coordinó el operativo de seguridad montado el 20 de diciembre de 2001.
En segundo lugar se afirmó que
las pruebas de la causa permiten descartar que haya ordenado a sus subalternos reprimir
las manifestaciones de aquel día y, con ello, que tuviera el deber –originado
en su conducta precedente- de hacer cesar los eventos que se desencadenaron
durante la jornada. Finalmente expresó que no hay medidas pendientes que puedan
alterar el cuadro de convicción actual.
Para así decidir, la Cámara
Federal invocó lo dispuesto en el art. 99, inciso 1° de la C.N. en cuanto establece
que el presidente es responsable político de la administración general del
país, pero agregó –con cita del art. 100 de la C.N.- que su ejercicio corresponde,
en primer lugar, al jefe de gabinete y, luego, al resto de los ministros y funcionarios
del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, con fundado análisis de lo dispuesto en la
ley 24.059 –que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema
de planificación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar
la seguridad interior- concluyó que “la implantación del estado de sitio no
modificaba, normativamente, esa cadena de responsabilidades. Primero, porque
ninguna previsión de la Constitución Nacional establece que, una vez tomada esa
decisión, el Presidente deba hacerse cargo de custodiar personalmente cómo las
fuerzas de seguridad cumplen sus tareas en todo el territorio de la República
(ver arts. 23 y 99 inciso 16); y segundo, porque según la
ley 25520, al momento de
los sucesos competía al Ministro del Interior “Entender en las cuestiones institucionales
en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la
República, y en lo relacionado con la declaración del estado de sitio y sus
efectos (art. 17)”
Estas dos leyes invocadas no
fueron analizadas en sus recursos ni por el Sr. Fiscal General ni por las
querellas, pese a haber sido el fundamento normativo del deslinde de
responsabilidad del imputado en la decisión que vienen cuestionando.
En efecto, insisten los
acusadores con cuestionar la validez en abstracto de la declaración del estado de
sitio para atribuir al imputado posición de garante respecto a la forma
imprudente en que se coordinó el operativo de seguridad para enfrentar la
conmoción interior en la que se encontraban sumidos varios puntos del país. Sin
embargo, no efectúan una seria evaluación de la normativa que rige el diagrama
de la seguridad interior y la división de funciones en la cadena de mandos que la
gobierna, ni dan argumentos novedosos que justifiquen apartarse de la
inteligencia que a aquella normativa le dio el “a quo”.
En ese sentido se invocó en la
decisión desincriminatoria lo dispuesto en el
art. 8 de la ley 24.059 que establece
que es el Ministro del Interior quien tiene a su cargo la dirección superior de
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional; y se señaló
que en consonancia con tales deberes, integraba junto al Subsecretario de
Seguridad Interior y otros funcionarios de igual y menor rango, el Consejo de
Seguridad Interior (arts. 9 y sgtes.).
Fue, entonces, sobre la base de
las normas que, repetimos, no analizan ni cuestionan en su alcance los recurrentes,
que la cámara “a quo” concluyó que al tiempo de los hechos investigados eran
Enrique Mathov (Subsecretario de Seguridad) y Ramón Mestre (Ministro del
Interior) y no de la Rúa –quien, por otra parte tenía por debajo suyo al jefe
de gabinete con el deber de ejercer la administración general del país- los funcionarios
políticos a cargo del área de seguridad que, por su especial posición, tenían
en principio la obligación de intervenir ante los excesos de la fuerza policial
jerárquicamente bajo su responsabilidad.
Se ha sostenido que “no resulta
prudente extender indefinidamente la cadena de responsabilidades, avanzando sin
limitación de ninguna naturaleza en las estructuras jerárquicas, y de esta
forma incorporando al elenco de imputados a todo aquél que de alguna forma u
otra hubiera contado con facultades para influir en el esquema de toma de
decisiones.
III. Además, como ha señalado la
defensa tanto en su presentación en término de oficina como durante el curso de
la audiencia ante esta Cámara, en la decisión recurrida se fijaron cuestiones
de hecho fundamentales para descartar la responsabilidad penal del ex
presidente, que ahora no pueden ser revisadas en atención al alcance de la
concesión de los recursos de casación dispuesto por la cámara federal.
Fundamentalmente, que de la Rúa no contaba con la información instantánea,
directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo
inmediato un curso de acción diverso, a diferencia de los otros funcionarios
mencionados que, en principio, ejercían el control operativo de la represión
policial.
En ese sentido el a quo afirmó –
se habrá de transcribir la sentencia en lo sustancial- que “para asignar responsabilidad
a de la Rúa…tendría que probarse que tuvo razones especiales para creer que
todos y cada uno de esos funcionarios –respecto de los cuales, obviamente, el
Presidente estaba autorizado a presumir su idoneidad para cumplir eficazmente
sus tareas- estaban obrando antijurídicamente o mediante abusos de poder. No
hay en la causa ninguna evidencia objetiva que permita tener por configurada
esa excepcional situación y a consecuencia de ello atribuirle negligencia…toda
la información que se ha colectado durante la instrucción sugiere que las
reuniones particularmente referidas al área de seguridad que se concretaron el
19 y el 20 de diciembre de 2001 se mantuvieron en sus ámbitos de decisión
naturales. También, que de la Rúa estuvo ocupado en tareas de índole político
en ambas jornadas. En efecto, el primer día, fue el Ministro del Interior,
Ramón B. Mestre, quien convocó a una reunión sobre el asunto en Casa de
Gobierno. Estuvieron presentes el Subsecretario de Seguridad Interior, Enrique
J. Mathov; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén J. Santos; el titular
de la Prefectura Naval, Juan J. Beltritti; la cabeza de la Gendarmería
Nacional, Hugo A. Miranda; el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, Juan J. Álvarez; el Subjefe de la Policía Federal, Osvaldo A. Cannizaro;
y Raúl Andreozzi, Superintendente de Seguridad Metropolitana…Allí se impuso a
los presentes del estado de convulsión social imperante, y de la decisión del
gobierno federal de responder al pedido de auxilio de la Provincia de Buenos
Aires –y de otras provincias e implantar el estado de sitio en todo el
territorio nacional.
Además, se dispuso que la Policía
Federal Argentina tuviera, en forma exclusiva, jurisdicción en esta ciudad…De
la Rúa no estuvo en ese encuentro. Su actividad ese día se dirigió a participar
en reuniones con otros actores políticos y sociales (como la mesa de diálogo
convocada en sede de Cáritas, a la que concurrió junto a Chrystian Colombo),
donde se trataron cuestiones vinculadas a la crisis económica y a la necesidad
de realizar ciertos cambios en el gobierno y conformar un gabinete de unidad.
Lo propio sucedió la jornada siguiente. Luego de hablar por teléfono con Mathov,
a las 9:15 hs de la mañana, Rubén Santos ordenó: “desalojen la Plaza…quiero
cincuenta detenidos”. La directiva fue emitida a los funcionarios presentes en
la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones y retransmitida vía
trunking y celular a los oficiales jefe. De la Rúa no estaba allí y ninguna
probanza sugiere que participara en la toma de aquella decisión operativa, que
fue el primer desencadenante de los excesos de la fuerza policial durante la
jornada. Al mediodía, se concretó la reunión de la Plana Mayor de la Policía
Federal Argentina. Allí, Santos ordenó a todos los Superintendentes la inmediata
puesta a disposición de la Dirección General de Operaciones de la mayor
cantidad de personal como sea posible a los fines de reforzar el servicio
implantado. Ese curso de acción fue calificado de imprudente por esta Sala, ya
que no se impartió ningún tipo de directiva acerca de la clase de elementos que
debían llevar consigo los nuevos efectivos asignados al operativo, quienes
concurrieron con el arma reglamentaria únicamente, en algunos casos sin contar
con equipo de comunicación, o sin llevar material anti-disturbio…Nada indica la
injerencia del por entonces Presidente en estas decisiones, que la ley delegaba
en funcionarios menores. Las órdenes fueron emitidas por las autoridades de la
Policía Federal Argentina de acuerdo a la competencia propia que ellos tenían
en la materia, y a las directivas previas que diera su superior jerárquico, el Subsecretario
de Seguridad, en horas de la mañana. Éste fue el segundo desencadenante de los
resultados lesivos, pues la implantación del operativo en esas condiciones tuvo
una relación causal directa con las muertes y lesiones que se concretaron en la
ciudad de Buenos Aires durante toda la tarde. Aproximadamente a las 16:00 hs
–en forma contemporánea a los episodios en que perdieron la vida Diego Lamagna,
Carlos Almirón, Marcelo Riva y Gustavo Benedetto- se reunió el Consejo de
Seguridad Interior.
El encuentro fue presidido por Mathov, como la autoridad más alta presente…La
información de la causa indica que, paralelamente, de la Rúa se dedicó, hasta
avanzadas horas de la tarde, a la realización de una serie de actividades
políticas, que procuraban
lograr un acuerdo con la oposición…los elementos del sumario demuestran
que la información sobre las primeras muertes producidas a consecuencia de los
incidentes acaecidos superadas las 16:00 hs llegó a conocimiento de las
autoridades en Casa de Gobierno a través de los medios de difusión masiva, poco
tiempo antes que el imputado presentara su renuncia, solicitara a su Secretario
Legal y Técnico que la entregue al Congreso, y dejara Casa Rosada a las 19: 53
hs…Así, es claro que, a diferencia de lo probado respecto de otros encausados,
de la Rúa no contó – en ese limitado espacio temporal y mientras se ocupaba personalmente
de otras cuestiones- con las condiciones necesarias para evaluar si los
resultados fueron el efecto directo de una actividad antijurídica de todos y
cada uno de los funcionarios subalternos que tenían a su cargo el manejo y
control del operativo de seguridad –desde las autoridades policiales hasta las
ministeriales correspondientes-, o bien de aquellos que tenían el deber de
ejecutar en la práctica la administración del país…con fundamento en lo dicho
hasta aquí, no cabe, a nuestro juicio, entender que de la Rúa haya contado,
mientras ocurrían los incidentes, con datos certeros y directos sobre un
peligro surgido como consecuencia del comportamiento descuidado de todos y cada
uno de los funcionarios que estaban por debajo suyo en la cadena jerárquica y
tenían obligaciones específicas en la materia…”.
Por consiguiente, denegado el
recurso por la cámara federal de apelaciones en lo relativo al cuestionamiento de
esa plataforma fáctica, la impugnación de los acusadores por la vía del art.
456, inc. 1° del C.P.P.N. queda limitada al respeto de los hechos probados en
la sentencia.
Es por eso que no puede
pretenderse ubicar al imputado como garante de comportamientos ajenos cuando se
tuvo por probado -sin posibilidad de volver sobre esa cuestión- que desconocía
los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el
estado de sitio. Lo contrario importaría una flagrante violación del principio
de culpabilidad, además de una injerencia impropia de esta Cámara en ámbitos
ajenos a su competencia en contra de lo dispuesto por el art. 445 del C.P.P.N.
Hemos de recordar aquí que los
agravios relativos a la errónea aplicación de la ley sustantiva deben partir de
los hechos probados en la sentencia, de manera tal que pueda adecuarse la
significación jurídica que se pretende sin mengua o cuestionamiento a la
plataforma fáctica fijada por el tribunal de mérito; aspecto en el que, por
otra parte, se advierte que el resolutorio cuenta con los fundamentos jurídicos
mínimos, necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto jurisdiccional
válido (Fallos 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888; entre otros).
IV. Así, en rigor de verdad, el
recurso concedido queda limitado a considerar la validez del dictado del estado
de sitio por el Presidente de la Rúa. Al respecto habremos de recordar que tiene
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo su reiterada
doctrina, que deben reconocerse “… las facultades privativas de los poderes
legislativo y ejecutivo referentes a la apreciación de las circunstancias de hecho
que torna aconsejable la declaración del estado de sitio, por la cual la
decisión de esos poderes no resulta revisable por los jueces” (Fallos
312:1882). En ese mismo precedente el Alto Tribunal sostuvo que lo que sí está
sujeta al control jurisdiccional es la aplicación concreta de los poderes de excepción
del Presidente sobre las libertades constitucionales, “examen judicial que
implica un pronunciamiento desde el punto de vista de la legitimidad de las
medidas, en el sentido de que medie exceso de los límites trazados por el art.
23 de la Constitución Nacional, como ocurriría si el Presidente aplicara una
pena o negara el derecho de optar por salir del territorio argentino o
detuviera a un miembro del Congreso o delegara la atribución de arrestar en
funcionarios inferiores. Así ha sido interpretado por esta Corte, en su actual
integración, el alcance de las facultades mencionadas…”
Sobre esa base, y dejando de lado
el análisis del acierto o conveniencia de la medida adoptada, habrá de efectuarse
un análisis de las normas inherentes a la decisión adoptada, que no está de más
señalar, tampoco fueron analizadas en los recursos de los impugnantes, pese a
su fundamental trascendencia.
Se limitan los impugnantes a
decir que el dictado del estado de sitio debió emanar del Congreso de la Nación
y no del presidente pues aquél órgano se encontraba sesionando.
Ahora bien, por Decreto Nacional
n° 1579/2001 el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias al Congreso
de la Nación a partir del 6 de diciembre de 2001 y hasta el 21 de diciembre de
2001. Ese decreto, en su art. 2 declaró cuáles eran los asuntos comprendidos en
la convocatoria y a tal fin se remitió al Anexo A que lo acompañó.
De más está decir que la
validación del estado de sitio no podía integrar el listado de temas para las sesiones
extraordinarias, pues si bien la situación política del país era complicada,
todavía no habían sucedido los hechos que justificaron que el presidente
considerara que nos encontrábamos frente a un supuesto de conmoción interior.
Los temas a tratar en las
sesiones extraordinarias que fijo el P.E.N. eran: “1.- Proyecto de Ley de Presupuesto
de la Administración Nacional para el ejercicio del año 2002. 2.- Consideración
de Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales; 3.- Consideración de
Acuerdos de ascensos del Personal Militar, ascensos y designaciones de miembros
del Servicio Exterior de la Nación, designación de Autoridades del Banco
Central de la República Argentina, designación de jueces y designación de
miembros del Ministerio Público. 4.- Proyecto de Ley por el que se solicita
autorización al Honorable Congreso de la Nación para que el señor Presidente de
la Nación pueda ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran.
5.- Ratificación de los Convenios Complementarios de la Segunda Addenda al
“Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal”, suscriptos por
los señores gobernadores de los Estados Provinciales, el Interventor Federal de
la Provincia de Corrientes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Gobierno Nacional. 6.- Ley de Coparticipación Federal
artículo 75 inciso 2 de la
Constitución Nacional. 7. Prórroga de la Ley de Impuesto a las Ganancias que
cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Actualmente se encuentra en revisión en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
8.- Proyecto de Ley de Prórroga de diversos tributos (Impuesto sobre los Bienes
Personales, Régimen Simplificado para Pequeños contribuyentes, etc.), elevado a
consideración del Honorable Congreso de la Nación, mediante Mensaje 1525 de
fecha 27/11/2001” (cfr. Anexo A del
Decreto 1579/2001 del P.E.N.).
Tal convocatoria a sesiones
extraordinarias se efectuó de acuerdo con lo previsto en el art. 63 de la C.N. y
fue prorrogada con fecha 12 de diciembre de 2001 por decreto Nacional n°
1642/2001, extendiéndose aquéllas hasta el 28 de febrero de 2002.
Los hechos de conmoción social en
distintos puntos del país que llevaron a la declaración del estado de sitio son,
a nuestro entender, de público y notorio, sin perjuicio de que el tribunal de
mérito los dio por probados y no han sido controvertidos por los recurrentes.
En ese sentido se sostuvo que “las pruebas de la causa revelan que, previo a
ello [la declaración del estado de sitio] se habían verificado en el país hechos
violentos, incluyendo saqueos a supermercados y comercios, y enfrentamientos
entre ciudadanos y la policía, con varios heridos como resultado… Además, que
el Gobierno Nacional recibió pedidos de auxilio de la Provincia de Buenos Aires
y otras provincias…”.
En ese contexto, y de acuerdo con
lo establecido por el art. 99, inc 16 de la CN, el Poder Ejecutivo Nacional
dictó el Decreto 1678/2001, fechado 19 de diciembre de 2001, por el que se
decretó “artículo 1.- Declárese el estado de sitio en todo el territorio de la
Nación Argentina, por el plazo de treinta (30) días. Art. 2.- Dése cuenta al
Honorable Congreso de la Nación e inclúyese la declaración del estado de sitio
entre los asuntos a considerar en el actual período de sesiones extraordinarias
a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje…”
La norma constitucional invocada
(art. 99, inc. 16 de la C.N.) establece que es atribución del Presidente de la
Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmoción
interior cuando el Congreso está
en receso, con las limitaciones prescriptas por el art. 23 (a saber: “en caso
de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de
esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado
de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden,
quedando suspendidas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta
suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas.
Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o
trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir
fuera del territorio argentino”).
Por su parte el art. 75, inc. 29
de la C.N. establece que corresponde al Congreso “Declarar en estado de sitio
en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción
interior, y aprobar o suspender
el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”. Ha
dicho Joaquín V. González que “1ª El estado de sitio, facultad de excepción
originariamente legislativa y acordada por excepción también al Poder Ejecutivo
en casos limitados, condensa la suma de los poderes que su ejercicio implica,
en manos del Presidente de la República; 2ª La suspensión de las garantías
constitucionales comprende sólo los derechos civiles y políticos de los
individuos, nacionales y extranjeros, y no la existencia de los Poderes del
gobierno; su inteligencia es restrictiva y su uso limitado por la necesidad efectiva
de la seguridad pública. 3ª Cada uno de los Poderes que intervienen en la
declaratoria del estado de sitio y en su ejercicio es absoluto y discrecional
en lo que le corresponde, pero en cuanto se desprende de la naturaleza de
nuestro gobierno y de las limitaciones expresas en la Constitución, está sujeto
a responsabilidad por el uso de facultades políticas no concedidas por la
Constitución.” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, pág.
257, Editorial Estrada, Vigésimo sexta Edición (tercera reformada), Buenos
Aires, 1971).
La más encumbrada doctrina
constitucional argentina afirma que la competencia del Congreso convocado a sesiones
extraordinarias es limitada a los puntos fijados en el acto que la dispone.
Se ha dicho que “El Congreso no
dispone de la plenitud de su competencia, sino que ésta queda circunscripta a
las cuestiones que provocan la realización de las sesiones extraordinarias, y
que son fijadas por el presidente de la República. Quien convoca con facultad
exclusiva y excluyente convoca para “algo” (grave interés de orden y progreso);
quien es convocado por iniciativa ajena, no tiene más competencia que la
limitada por el temario de la convocatoria….si se reúne extraordinariamente
porque el Poder Ejecutivo lo dispone, sólo se reúne para tratar las cuestiones
que el Poder Ejecutivo establece” (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Derecho Constitucional
del poder”, Ediar, Bs. As. 1966 T. I, pag. 254 y 255; Humberto Quiroga Lavié,
“Derecho Constitucional”, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As.,
1978, pág. 783, ambos citados en la obra compiladora “Atribuciones del Presidente
Argentino” del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos,
Ed. Depalma, Bs. As., 1986, capítulo 14: “El presidente y las sesiones del
Congreso”, pág. 443/462).
En igual sentido se indicó que
“la convocatoria a sesiones extraordinarias es facultad del
presidente de la República… y
éste debiera hacerlo sólo cuando alguna razón grave, de emergencia (v.gr.,
guerra, conmoción interior, etc….), lo justifique. Si bien la Constitución nada
dice al respecto, la costumbre ha limitado la actuación de las cámaras en las
sesiones extraordinarias únicamente al análisis de aquellos temas que hayan
sido incluídos por el Poder Ejecutivo en el decreto de convocatoria, lo que se
conoce como “agenda cerrada”. En las sesiones ordinarias y de prórroga, en
cambio, las facultades de las cámaras son amplias….” (Miguel Angel Ekmekdjian,
“Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IV, Ed. Depalma, pág. 331, Buenos
Aires, 1997).
Siguiendo sin duda esta interpretación,
el cuestionado decreto de declaración de estado de sitio, como ya se
transcribió más arriba, incluyó expresamente la orden de dar cuenta al Congreso
de su dictado a los fines de que, de acuerdo a las atribuciones de ese cuerpo,
procediera como lo marca la Constitución, aprobándolo o suspendiéndolo.
Antes de que el Congreso se
expidiera por una u otra opción, y entre las últimas decisiones adoptadas por
el Dr. Fernando de la Rúa como Presidente de los argentinos antes de presentar
su renuncia, el 21 de diciembre de 2001, fue dictar el decreto 1689/2001 que en
su artículo 1 rezaba “dispónese el levantamiento del estado de sitio declarado
por el Decreto nro. 1678/01”, ordenando también dar cuenta al Honorable
Congreso de la Nación de dicha decisión (art. 2).
En la misma fecha, el Sr.
Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo,
Dr. Ramón Puerta, integrante del partido opositor (justicialismo) al del
renunciante de la Rúa, siguiendo el mismo procedimiento de éste y ante la
continuidad del estado de conmoción interior en que se encontraba sumido parte
del territorio Nacional, declaró el estado de sitio por 10 días en la provincia
de Buenos Aires (Decreto Nacional 16/2001).
Dicho decreto reza “visto los
hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada
promueven tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza, y considerando
que en la provincia de Buenos Aires continúan
los actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro
personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de conmoción
interior. Que las autoridades de la citada Provincia han solicitado al Gobierno
Federal el ejercicio de las facultades que la Constitución Nacional le otorga,
a fin de resguardar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Que
encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones
ordinarias, corresponde a este Poder Ejecutivo Nacional resolver en lo
inmediato e incluir el tratamiento de lo dispuesto por el presente decreto en
el temario de sesiones extraordinarias. Que el presente se dicta en virtud de
lo dispuesto por los artículos 23, 99, inciso 16, de la Constitución Nacional…”
(el resaltado nos pertenece).
Al otro día (22 de diciembre de
2001), el Dr. Puerta, por decreto 23/2001 ordenó derogar la convocatoria a sesiones
extraordinarias y su prórroga (decretos 1579 y 1642,
ambos del 2001) y prorrogó las
sesiones ordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero de 2002; sin perjuicio
de que, el 24 de diciembre dictó un nuevo decreto, esta vez declarando el
estado de sitio en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, por el
plazo de 10 días (decreto nacional 18/2001) y esta vez, nuevamente ordenó dar
cuenta al Honorable Congreso de la Nación e incluir la declaración de estado de
sitio entre los asuntos a considerar en el actual período de sesiones
“extraordinarias”, a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje”.
Tampoco puede obviarse aquí que,
conforme surge de fs. 87 y sgtes. de esta voluminosa causa, el Poder Ejecutivo,
cumplió con la obligación constitucional asumida a través de los pactos
internacionales de derechos humanos que suscribió, de poner en conocimiento de
la ONU y de la OEA de las declaraciones de estado de sitio respectivas.
Caber recordar aquí que el art. 4
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “1) En
situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente
Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud
de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión u origen social. 2) La disposición precedente no autoriza suspensión
alguna de los artículos 6, 7 y 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 3) Todo
Estado Parte en el presente Pacto que haga
uso de derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto,
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las
disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado
las suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la
fecha en que haya dado por terminada tal suspensión”.
Por su parte, el art. 27 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
establece que: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar
disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión
u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento
de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad
y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado Parte que haga
uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás
Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya
aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de
la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión”.
De todo lo hasta aquí expuesto
surge que, desde el punto de vista formal, no existe como pretenden los recurrentes,
ilegitimidad en el dictado del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo
Nacional, que cumplió, en cambio, con los pasos que marca la Ley Suprema y los
pactos internacionales a ella incorporados (Art. 77, inc. 22) para adoptar esa
medida extrema.
A lo que no puede dejar de
agregarse que, según fue detallado más arriba, luego de la renuncia del presidente
de la Rúa, quien lo sucedió de acuerdo con el orden que marca la Constitución
Nacional y que era el presidente del Congreso proveniente electoralmente del
partido político opositor, frente a la emergencia, no sólo siguió el mismo procedimiento,
sino que efectuó una válida y legítima interpretación del suceso –ver nuestro
resaltado del decreto “ut supra”-; extremo que resultó corroborado y
convalidado por la actividad del propio Congreso de la Nación que no objetó la formalidad,
licitud ni legitimidad de dichos actos, en los que en modo alguno resultó
avasallado en sus facultades constitucionales propias; y todo muy por el
contrario a cuanto afirmaron sobre el particular los recurrentes.
Debe señalarse también que los
temas relativos a las detenciones resueltas a la luz del decreto de declaración
de estado de sitio, como correctamente indica la defensa, ya han sido objeto de
resolución por parte de esta Cámara (cfr. de esta Sala I, causa n° 10.103, “de
la Rúa, Fernando y Andreozzi, Raúl s/recurso de casación” del año 2009).
En mérito de todo lo expuesto se
impone el rechazo de los recursos de casación analizados. Por ello, el Tribunal
RESUELVE:
I. Declarar desierto el recurso
de casación interpuesto por la querellante Marta Almirón cuyos apoderados son los
Dres. Daniel Adalberto Stragá y María del Carmen Verdú a fs. 10.625/10.633, con
costas (arts. 464, 465, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. No hacer lugar al recurso de
casación presentado por los doctores Rodrigo Diego Borda -apoderado de las querellantes
María Nieves Marino y María Mercedes Arena- y Rodolfo N. Yanzón -apoderado de
Martín Esteban Galli, Paula Simonetti, Leonardo Esteban de Rocha Ferreira,
Susana Slamovits, Ricardo González, Ángel Fabián Cocca, Sergio Rubén Sánchez, Sandra
Inés Santos, Ana María Juárez, Claudia Paulina Aguilera
Farías, Oscar Rubén Chara, Julio
Marcelo Talavera, Valeria Cook, Paulo Diego Córdoba, Mariano Gabriel Rodríguez,
Diego Horacio Sulkes, Mónica Isabel Romero y Fernando Javier Ricoy-, con costas
(arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
III. No hacer lugar al recurso de
casación del Sr. Fiscal, sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese en la
audiencia del día 27 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas a los fines del art.
468 del C.P.P.N. y devuélvase a su origen.
Fdo.: Raúl Madueño, Luis M.
Cabral y Eduardo Rafael Riggi. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario
de Cámara.
