Ley 26.683
Modificación.
Sancionada: Junio 1 de 2011
Promulgada Parcialmente: Junio 17 de 2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Sustitúyese la
denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que
pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII.
Encubrimiento".
ARTICULO 2º — Derógase el artículo 278 del Código Penal.
ARTICULO 3º — Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto:
Artículo 279:...
1) Si la escala penal prevista para el delito
precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este
capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.
2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con
pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de un
mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la escala penal del
delito precedente, si ésta fuera menor.
3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los
incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera
cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá
además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La
misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u
oficio que requieran habilitación especial.
4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun
cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de
aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara
también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
ARTICULO 4º — Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse "Delitos contra el orden económico y financiero".
ARTICULO 5º — Renumérense los artículos
303, 304 y 305 del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308
respectivamente e incorpórese al Título XIII del Código Penal, los
siguientes artículos:
Artículo 303:...
1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10)
años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el
que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia
posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes
adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor
supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto
o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con
habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la
comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que
hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En
este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a
diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en
ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación
especial.
3) El que recibiere dinero u otros bienes
provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una
operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia
posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de
seis (6) meses a tres (3) años.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma
indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión
de seis (6) meses a tres (3) años.
5) Las disposiciones de este artículo regirán aún
cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del
ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo
tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su
comisión.
Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos
en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la
intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se
impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o
alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de
diez (10) años.
4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido
creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos
constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en
cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión
de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la
extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la
comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica
de la persona jurídica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad
operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular,
no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso
4.
Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el inicio
de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para
asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y
disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto,
provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los
artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando
se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier
otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el
imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a
reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o
al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los
bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o
propiedad de los bienes se realizará a través de una acción
administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido
subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
ARTICULO 6º — Incorpórese, a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:
En caso de los delitos previstos en el artículo 213
ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando
se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier
otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el
imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o
propiedad de los bienes se realizará a través de una acción
administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido
subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
ARTICULO 7º — Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5º: Créase la Unidad de Información
Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en
jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 8º — Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera
(UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de
información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las
actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del
artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista
en los términos del artículo 213 ter del Código Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer
delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración
Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI
del Libro Segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y
128 del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).
ARTICULO 9º — Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 9º: El Presidente y el Vicepresidente de la
Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente
manera:
a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, un procedimiento público, abierto y
transparente que garantice la idoneidad de los candidatos;
b) Se publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín
Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3)
días;
c) Los candidatos deberán presentar una declaración
jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o
los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad
conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la
Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y concordantes.
Además, deberán adjuntar otra declaración en la que
incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales
que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina
de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en
el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente,
los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que
pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por
actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus
descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos
de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones impositivas de los seleccionados;
e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos
de evaluar las observaciones previstas de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación;
f) Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las
entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados
desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b) del
presente artículo, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones
respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de
relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines
de su valoración;
g) En no más de quince (15) días, contados desde el
vencimiento del plazo establecido se deberá celebrar la audiencia
pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con
posterioridad y en un plazo de siete (7) días, el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos elevará la propuesta a consideración del Poder
Ejecutivo.
ARTICULO 10. — Incorpórese como artículo 9º bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 9º bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al
Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en
grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de
delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su
designación.
ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 11: Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:
1) Poseer título universitario de grado,
preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las
Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas.
2) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido
durante el año precedente a su designación las actividades que la
reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.
Para ser integrante del Consejo Asesor se requerirán tres (3) años de antigüedad en el organismo que se represente.
ARTICULO 12. — Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 12: La Unidad de Información Financiera
(UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los
titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio
del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco
Central de la República Argentina, de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de
las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de
Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los
Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del
Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las
provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de
seguridad nacionales.
Los oficiales de enlace tendrán como función la
consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información
Financiera (UIF) y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser
funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que
representan.
El Presidente de la Unidad de Información Financiera
(UIF) puede solicitar a los titulares de otros organismos públicos o
privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de
utilidad para el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 13. — Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a
que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo
podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso.
ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 14: La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus
funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos
los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se
les fije, bajo apercibimiento de ley.
En el marco del análisis de un reporte de operación
sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a
la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal,
bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de
confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de
información del Estado, los que están obligados a prestarla en los
términos de la normativa procesal vigente.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste
requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que
éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado
previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto
vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen
actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se
trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos
previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del
terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con
efecto devolutivo.
6. Solicitar al Ministerio Público para que éste
requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o
privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o
elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público
que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de
información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de
contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A
efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de
Información Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de
supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la
ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades
del artículo 14 inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá
directamente del Presidente de la Unidad de Información Financiera
(UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá
ser en forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que cuenten con
órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a
la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de
su competencia.
8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes
relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera
(UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para
recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y
extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a
condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán
cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa
consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos
obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de
procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas
por la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni
modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.
ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad
de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la
presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y
modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de
divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o
mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de
fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades
gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o
préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de
comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos
representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los
registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de
todo tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la
compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación,
elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras
preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de
servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de
traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y
entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre
actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de
derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República
Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de
Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes,
intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades
estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias,
concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;
19. Los agentes o corredores inmobiliarios
matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el
corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por
agentes o corredores inmobiliarios matriculados;
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad
habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y
microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y
similares, aeronaves y aerodinos.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como
fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con
cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de
contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
ARTICULO 16. — Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 20 bis: El deber de informar es la
obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en
su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de
Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de
llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las
conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de
las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que
fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de
lavado de activos o financiación de terrorismo.
El conocimiento de cualquier hecho u operación
sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de
la actividad descripta precedentemente.
La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará
el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados
cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de
una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un
oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los
supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será
formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las
obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones
emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber
de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la
totalidad de los integrantes del órgano de administración.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de
una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera
de los socios de la misma.
Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un
organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo
20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de
formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las
obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones
emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber
de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al
titular del organismo.
ARTICULO 17. — Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del
artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida
por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se
definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con
las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación
contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese
sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera
habitual, operaciones con los sujetos obligados.
La información mínima a requerir a los clientes abarcará:
a) Personas Físicas: nombres y
apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo;
estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir
en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento,
libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI;
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número
de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc. que
constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de
existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además
se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los
fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo
fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera
(UIF);
b) Personas Jurídicas: denominación
social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción
tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del
estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del
original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código
postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal
realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las
autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso
de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación
de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán
acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras
organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una
declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la
documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las
directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);
c) Cuando existan dudas sobre si los
clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no
actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas
adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera
identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los
sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las
personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas
pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán
contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la
sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los
propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la
persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas
específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y
la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o
productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su
identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente
expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones
realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad
declarada y su perfil como cliente;
d) Los sujetos obligados podrán
establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y
la financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en
los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por
la Unidad de Información Financiera (UIF).
La información recabada deberá conservarse como
mínimo durante cinco (5) años, debiendo registrarse de manera suficiente
para que se pueda reconstruir.
El plazo máximo para reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de lavado de activos será de ciento cincuenta (150) días corridos, a partir de la operación realizada o tentada.
El plazo máximo para reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de
financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas, a partir
de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas
inhábiles al efecto.
ARTICULO 18. — Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23:...
1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte
(20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona
jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o
dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán
utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el
sentido del artículo 213 quáter del Código Penal.
Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o
imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por
varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será
del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los
bienes objeto del delito.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona
jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el
artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de
cincuenta mil pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000).
ARTICULO 19. — Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24:...
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de
una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla
alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera
(UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una (1) a
diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se
refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito
más grave.
2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los
bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($
100.000).
4. La acción para aplicar la sanción establecida en
este artículo prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento.
Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de
que quede firme el acto que así la disponga.
5. El cómputo de la prescripción de la acción para
aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la
notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción
sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su
aplicación.
ARTICULO 20. — Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la
Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los
siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que no podrán
ser inferiores al cero coma seis por ciento (0,6%) de los asignados al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta o
administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos
previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia,
así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de
las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una
cuenta especial del Tesoro Nacional. Dichos fondos serán afectados a
financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera
(UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su
modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme
lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados
judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley,
serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer
del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable
de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial firme.
ARTICULO 21. — Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: El magistrado interviniente en un
proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y
213 quáter del Código Penal podrá:
a) Suspender la orden de detención de una o más personas;
b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica;
c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado;
d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio.
El magistrado interviniente podrá, además, suspender
la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o
cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir
su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la
vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales
del país de destino.
La resolución que disponga las medidas
precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el
caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el
éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer
constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida.
ARTICULO 22. — Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
Artículo 31: Las previsiones establecidas en los
artículos 2º, 3°, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a
los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del
Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los
funcionarios públicos.
En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena
será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los
datos inexactos sean en perjuicio de un imputado.
ARTICULO 23. — Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
Artículo 32: El magistrado interviniente en un
proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213
quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad
de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación,
siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los
nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales
de protección que se consideren necesarias.
ARTICULO 24. — Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
Artículo 33: El que revelare indebidamente la
identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada,
conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión
de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000),
siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies
de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado
público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada
previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más
severamente penado.
ARTICULO 25. — La Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.
(Nota Infoleg: por art. 1º del Decreto Nº 825/2011 B.O. 21/06/2011 se observa el presente artículo)
ARTICULO 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.683 —
JOSE J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
CODIGO PENAL
Decreto 825/2011
Obsérvase y Promúlgase la Ley Nº 26.683.
Bs. As., 17/6/2011
VISTO el Proyecto de Ley Nº 26.683 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION con fecha 1º de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el aludido Proyecto de Ley introduce
modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley Nº 25.246 sobre
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Que el artículo 25 del Proyecto de Ley dispone que la
Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte
querellante en procesos penales.
Que la lucha contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado
Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio
riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el
desarrollo de sus economías, sino fundamentalmente para la libertad de
los ciudadanos. Dicha lucha consiste en buena parte en la adopción de
medidas regulatorias que tornen eficaces, en el orden interno, la
prevención y represión de estos delitos.
Que la (UIF) es el organismo encargado del análisis,
tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e
impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión
de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del
terrorismo.
Que, asimismo, es competencia de la (UIF) colaborar
con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución
penal de los referidos delitos.
Que, en consecuencia, se estima necesario que la
(UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en
los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley Nº
25.246 y sus modificatorias.
Que, oportunamente, por Decreto Nº 2226 del 23 de
diciembre de 2008 el PODER EJECUTIVO NACIONAL autorizó al titular de la
(UIF) a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se
investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246 y
sus modificatorias, en los casos que así lo ameriten.
Que dicha decisión se adoptó en atención a que el
Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en
satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales
asumidos en la materia, tales como la "Convención de las Naciones Unidas
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas"
—Viena, 19 de diciembre de 1988— aprobada por nuestro país mediante la
Ley Nº 24.072, el "Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo" —Nueva York, 9 de diciembre de 1999—
aprobado mediante la Ley Nº 26.024 y la "Convención Internacional contra
la Delincuencia Organizada Transnacional", aprobada mediante Ley Nº
25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a
la división constitucional de poderes, el PODER EJECUTIVO NACIONAL tome
intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan
hechos de tal gravedad.
Que en la esfera judicial, el Estado Nacional, a
través de la (UIF), asumió el rol de querellante con el propósito de dar
impulso a investigaciones en curso no sólo para perseguir a los
responsables de delitos sino también para promover el decomiso de
activos ilegalmente obtenidos.
Que, pese a que la recuperación de bienes es un
objetivo central de la acción penal, en un alto número de procesos no se
investiga el aspecto financiero del delito ni existen pedidos de
decomiso. Por eso, se creó en la (UIF) un área de querellas, destinada
específicamente a explotar las potestades otorgadas por el Decreto Nº
2226/08 para impulsar las investigaciones ya judicializadas. Y tanto los
tribunales de primera instancia como los de alzada han designado
querellante a la UIF en distintas causas. Hasta el año 2010, la (UIF)
sólo era querellante en una causa que tramita ante la Justicia Federal. A
la fecha, el organismo cumple ese rol en CINCO (5) procesos por lavado
de activos y, por requerimiento de los jueces, colabora en más de
SETENTA (70) procesos penales. En algunos casos, la judicatura ha
solicitado la participación de la (UIF) en allanamientos y otras
diligencias procesales.
Que, entre los casos en los que la (UIF) ejerce el rol de la querella, cabe mencionar:
-Causa Nº 17147/08, "Pallavicino, Jorge Roberto y
otros s/ Encubrimiento". Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
Nº 12, Secretaría Nº 23. La Cámara Federal porteña admitió a la UIF como
parte querellante el 24 de setiembre de 2009. En el expediente
principal se investiga un fraude al Estado presuntamente cometido
mediante el pago indebido de casi PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($
54.000.000), efectuado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
al grupo de aseguradoras extranjeras ACCOLADE POOL. Existen
procesamientos firmes, por los delitos subyacentes;
-Causa 1322/10, caratulada "N.N. s/encubrimiento
(art. 278 del C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 5, Sec. 9. La (UIF) fue admitida como
parte querellante el 30 de abril de 2010 y por su requerimiento se
decretó el procesamiento y embargo de bienes de un empresario, con fecha
3 de diciembre de 2010. Hay procesamientos firmes dictados en el
expediente principal, que investiga las actividades de una asociación
ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras
sociales, a través de la DROGUERIA SAN JAVIER y, entre otras, las
empresas MULTIPHARMA y CONGRESO SALUD. La organización, que también
habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios
tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del
MINISTERIO DE SALUD, utilizaba un sistema financiero ilegal, lo que
motiva el interés de la (UIF) en el caso.
-Causa 1324/10, "N.N. s/encubrimiento (art. 278 del
C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 5, Sec. 9, donde, a pedido de la (UIF) como
querellante, se decretó el procesamiento y embargo de bienes de una
imputada, con fecha 17 de diciembre de 2010. Los delitos subyacentes se
investigan en el sumario detallado en el punto anterior, referido a la
Causa 1322/2010.
-Causa Nº 1335/10, Averiguación infracción art. 278
del C.P., Juzgado Federal de Campana. Existen procesamientos firmes en
el expediente principal, por los delitos subyacentes. Se investiga el
accionar de una organización dedicada a la producción clandestina y
tráfico de precursores químicos. La (UIF) fue admitida como querellante
el 8 de julio de 2010, con base en la detección de un "sistema
financiero reñido con la legalidad", utilizado para el lavado del dinero
generado con la comercialización de sustancias prohibidas.
-Causa Nº 1028 "Giacomelli, Adrián Alberto y otros,
s/inf. Ley 25.246", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal de Campana, secretaría 2. La (UIF) fue admitida
como parte querellante el 3/12/2010.
Que, por otra parte, la Unidad de Información
Financiera resolvió intervenir como querellante en las causas por trata
de personas, a partir del interés en perseguir la ruta del dinero que
produce el tráfico humano cometido con fines de explotación sexual o con
otras motivaciones. Con ese propósito, las autoridades de la Unidad se
reunieron con el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), y con el titular de la Fiscalía
Federal de Orán, en la provincia de Salta.
Que, asimismo, el Titular de la Unidad de Información
Financiera se reunió con el fiscal titular de la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, para analizar
posibles acciones atinentes a las fuentes de financiamiento de personas
que se encuentran en condición de prófugas, acusadas por delitos de lesa
humanidad.
Que respecto de la evolución de los juicios, durante
2010 quedó firme una condena dictada el 15 de diciembre de 2009 en base a
la ley 25.246 y el reformado artículo 278 del Código Penal, que castiga
el Lavado de Activos. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, que condenó a dos hombres y una mujer
por considerarlos responsables del delito de lavado de activos de origen
delictivo, imponiéndoles a cada uno la pena de dos años de prisión en
suspenso y una multa por 100 mil pesos. El Tribunal ordenó el decomiso
de bienes provenientes de la actividad delictiva.
Que con la misma normativa, ya existía una pena
alternativa en otro proceso y en 2010 se elevaron a juicio oral y
público otras causas que serán ventiladas por tribunales orales con sede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. En
la provincia de Salta y en otras jurisdicciones, en tanto, la Fiscalía
prepara o ya ha presentado requerimientos para la elevación a juicio de
otros sumarios por el delito de lavado de activos.
Que, actualmente la (UIF), como organismo coordinador
del Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del
Terrorismo (ALA/CFT), se encuentra efectuando un relevamiento sobre las
investigaciones penales de delitos de su competencia, existentes en todo
el país.
Que, en atención a lo manifestado en los
considerandos precedentes, resulta conveniente observar el artículo 25
del Proyecto de Ley sancionado.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni
la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE
LA NACION.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra
facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el
artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 2º, 14, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Obsérvase el artículo 25 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.
Art. 2º — Con la salvedad señalada en
el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la
Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.
Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ
DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Nilda C.
Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. —
Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M.
Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao. —
Héctor M. Timerman. — Carlos E. Meyer.
