Este video de todo noticias, "desgrana" el suicidio de un allegado de quien en vida fue Sebastián Forza, una de las víctimas de la "masacre de General Rodríguez".
Los comentarios, las hipótesis que establecen los periodistas, olvidando el modo potencial, modo obligado de la hipótesis, son humillantes.
Es que existe un límite poco claro entre el derecho a la información y el derecho de los familiares de las víctimas y de los imputados, a resguardar su intimidad.
En este video puede verse la soltura con la que pretenden establecer que la viuda de Forza, "sabe más de lo que dice" o que "no habla porque tiene miedo".
Estas conclusiones apresuradas implican un perjuicio para la viuda de Forza. Atentan contra su intimidad, contra el duelo que debe afrontar y contra la integridad de su hijo, porque parece que los periodistas olvidan a menudo que los familiares de las víctimas y de los imputados tienen un círculo social al que pertenecen y sus hipótesis suelen provocar graves daños en esos círculos de amigos, de compañeros de escuela o de jardín de infantes, en vecinos, e incluso en la familia.
Lamentablemente no llegué a grabar la entrevista que le hicieron a la viuda de Forza, sobre el suicidio de Ariel Vilan, a quien se lo sindicó como testaferro de Sebastián Forza. La señora negó que tuviera un testaferro porque todo estaba a nombre de su familia y de Forza, y pidió que no la molesten más.
El modo en que se trata este caso (con posible vinculación con narcotraficantes de donde aseguran que provenía la fortuna de Forza), se trata por medio de "trascendidos". Es sabido que la fuente periodística, o sea de donde proviene la información que brindan los periodistas, es un secreto de raigambre constitucional, consagrado en los nuevos derechos y garantías del artículo 43 C.N. luego de la reforma de 1994.
Pero a la vez esta garantía trae aparejados estos daños que generan en la imagen de la gente cuando aún no existe una sentencia firme.
En bares, pasillos, ascensores, en cualquier convesación se trata este tema, y existe un prejuicio de que algunas de las víctimas tenían actividades ilícitas.
Pero considero que existe otro perjuicio más grave.
Si realmente lo mató alguna mafia, es lógico que el modo de tratar la información no hace otra cosa más que lograr el objetivo de los homicidios. Perpetuar el silencio. Porque a esta altura de la investigación, (de lo que tratan los distintos medios) no se habla de otra cosa más que de un ajuste de cuentas, y eso que puede o no ser una realidad, genera un mensaje subliminal sobre el resto de la población. "Mejor no hablar de ciertas cosas". Es probable o posible, que quien pueda aportar algun dato de interes calle, por temor. Por temor a que se lo calle o que se divulgue su identidad.
Esta apreciación nos lleva a otro tema, los testigos de identidad reservada, figura que en nuestra legislación nacional sólo se encuentra reservada para los casos de infracción a la ley 23737, o ley de estupefacientes. Sería positivo que si judicialmente se encontrase algun indicio de que las víctimas han sido asesinadas por vinculaciones con el narcotráfico la Justicia Nacional se declare incompetente y siga entendiendo la Justicia Federal o Penal Económica, para asegurar la integridad física y psíquicas a quienes puedan brindar su testimonio para llevar a una sentencia este caso.
Mientras tanto esperamos que no se moleste a los familiares de las víctimas, que los periodistas sepan contener su legítimo interés por la primicia y que toda información sobre el caso sea canalizada por los abogados de los familiares sólo si consideran que sus manifestaciones no perjudicarán la investigación, porque quienes han cometido estos homicidios pueden estar muy lejos pero muy informados gracias a la labor de los medios de prensa.
Los comentarios, las hipótesis que establecen los periodistas, olvidando el modo potencial, modo obligado de la hipótesis, son humillantes.
Es que existe un límite poco claro entre el derecho a la información y el derecho de los familiares de las víctimas y de los imputados, a resguardar su intimidad.
En este video puede verse la soltura con la que pretenden establecer que la viuda de Forza, "sabe más de lo que dice" o que "no habla porque tiene miedo".
Estas conclusiones apresuradas implican un perjuicio para la viuda de Forza. Atentan contra su intimidad, contra el duelo que debe afrontar y contra la integridad de su hijo, porque parece que los periodistas olvidan a menudo que los familiares de las víctimas y de los imputados tienen un círculo social al que pertenecen y sus hipótesis suelen provocar graves daños en esos círculos de amigos, de compañeros de escuela o de jardín de infantes, en vecinos, e incluso en la familia.
Lamentablemente no llegué a grabar la entrevista que le hicieron a la viuda de Forza, sobre el suicidio de Ariel Vilan, a quien se lo sindicó como testaferro de Sebastián Forza. La señora negó que tuviera un testaferro porque todo estaba a nombre de su familia y de Forza, y pidió que no la molesten más.
El modo en que se trata este caso (con posible vinculación con narcotraficantes de donde aseguran que provenía la fortuna de Forza), se trata por medio de "trascendidos". Es sabido que la fuente periodística, o sea de donde proviene la información que brindan los periodistas, es un secreto de raigambre constitucional, consagrado en los nuevos derechos y garantías del artículo 43 C.N. luego de la reforma de 1994.
Pero a la vez esta garantía trae aparejados estos daños que generan en la imagen de la gente cuando aún no existe una sentencia firme.
En bares, pasillos, ascensores, en cualquier convesación se trata este tema, y existe un prejuicio de que algunas de las víctimas tenían actividades ilícitas.
Pero considero que existe otro perjuicio más grave.
Si realmente lo mató alguna mafia, es lógico que el modo de tratar la información no hace otra cosa más que lograr el objetivo de los homicidios. Perpetuar el silencio. Porque a esta altura de la investigación, (de lo que tratan los distintos medios) no se habla de otra cosa más que de un ajuste de cuentas, y eso que puede o no ser una realidad, genera un mensaje subliminal sobre el resto de la población. "Mejor no hablar de ciertas cosas". Es probable o posible, que quien pueda aportar algun dato de interes calle, por temor. Por temor a que se lo calle o que se divulgue su identidad.
Esta apreciación nos lleva a otro tema, los testigos de identidad reservada, figura que en nuestra legislación nacional sólo se encuentra reservada para los casos de infracción a la ley 23737, o ley de estupefacientes. Sería positivo que si judicialmente se encontrase algun indicio de que las víctimas han sido asesinadas por vinculaciones con el narcotráfico la Justicia Nacional se declare incompetente y siga entendiendo la Justicia Federal o Penal Económica, para asegurar la integridad física y psíquicas a quienes puedan brindar su testimonio para llevar a una sentencia este caso.
Mientras tanto esperamos que no se moleste a los familiares de las víctimas, que los periodistas sepan contener su legítimo interés por la primicia y que toda información sobre el caso sea canalizada por los abogados de los familiares sólo si consideran que sus manifestaciones no perjudicarán la investigación, porque quienes han cometido estos homicidios pueden estar muy lejos pero muy informados gracias a la labor de los medios de prensa.
En otro orden de cosas, es interesante cómo vincula el matutino Perfil el suicidio de Vilan y los aportes a la campaña presidencial.
En ese diario (que tiene una tendencia opositora) se pone de relieve que el 22,6 de los aportes a la campaña provienen del sector de farmacia y salud. Se reproduce el contenido de la nota que puede verificarse en este link.
Se transcribe la nota del link http://www.perfil.com/contenidos/2008/08/25/noticia_0031.html/
"La sangre del crímen de los empresarios que aparecieron masacrados en un descampado de General Rodríguez sigue salpicando de manera indirecta los zapatos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya fue oportunamente destacado que la droguería de Sebastián Forza (con 13 causas judiciales) aportó 200.000 pesos a la campaña oficialista, y ahora se supo que el suicidado Ariel Vilan también puso mucho dinero para apoyar la candidatura de Cristina.
La suma exacta que Vilan depositó puso en manos kirchneristas fue de 160.000 pesos. La droguería Unifarma SA, con CUIT 30-70865694/8, de la que Vilan era gerente desde los primeros meses de 2007, cubrió esa suma en dos pagos, el primero 60 mil pesos, y el otro de 100.000 pesos.
La relación de Vilan con Unifarma había comenzado en 2004, pero fue en 2007 cuando llegó a la gerencia. Las versiones que lo sindican como un testaferro de Forza se apoyan en que, incluso, el suicidado Vilan usaba como propio un vehículo que estaba a nombre de Forza.
Desde la Coalición Cívica ya pusieron el tema de los generosos aportes hechos a la campaña K desde el sector farmacéutico en manos judiciales. Quieren que se “investigue si existió algún tipo de metodología recurrente en la conformación de la recaudación de fondos para la campaña de Cristina Kirchner”. Hay un dato curioso: el 22,6% de los aportes recibidos para la campaña de la Presidenta provienen de los sectores de farmacias y salud. Por eso la oposición reclama que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappacciolli (considerado el “recaudador” del kirchnerismo) expliquen el origen de los fondos de la campaña oficialista. "
Este diario aporta un enfoque mas dirigido a los ribetes políticos del caso que a los ilícitos, y todo parece indicar que otra vez, se va a mantener durante mucho tiempo el interés informativo de este caso, como ya sucedió con el caso de María Marta García Belsunce o los otros homicidios ocurridos en los countries.
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